Así lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez Narváez, durante el conversatorio ‘No dejar a nadie atrás: las mujeres y niñas con discapacidad en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cinco años después de su adopción por Naciones Unidas’, organizado por CERMI Mujeres y CERMI Estatal con la colaboración de la agencia Servimedia, cuyo director general, José Manuel González huesa, ha sido el encargado de moderar el encuentro.

 

Ana Peláez ha recordado que en el mundo hay unas 600 millones de mujeres y niñas con discapacidad, por lo que ha lamentado que, si bien gracias al trabajo de las organizaciones de discapacidad se consiguió que los ODS se hicieran eco de las personas con discapacidad, no se haya conseguido que se refleje la situación de “discriminación interseccional” que sufre la población femenina con discapacidad.

 

No obstante, Peláez Narváez ha valorado positivamente que la Agenda 2030 sirve para reforzar agendas políticas encaminadas al cumplimiento de tratados internacionales vinculantes como la Convención Internacional de la Discapacidad o la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y, a su vez, estos tratados enriquecen la implementación de los ODS.

 

La vicepresidenta Ejecutiva de la FCM ha hecho un llamamiento para fomentar el “empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad” y ha expresado su preocupación por la exclusión que esta parte de la ciudadanía sufre en derechos básicos como la educación, el empleo, así como por la mayor exposición a las diferentes formas de violencia y abuso.

 

Por ello, ha pedido que todos los indicadores y políticas públicas tengan en cuenta la variable de género y discapacidad, al tiempo que ha criticado que la encuesta del INE sobre personas con discapacidad con la que se sigue trabajando corresponde al año 2008.

 

 

Por su parte, Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, ha instado a “pasar de las palabras a los hechos” y a “poner en el centro de las políticas públicas a aquellas personas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad”, con tasas elevadas de exclusión que “son inaceptables en la cuarta economía del euro”. En su opinión, si se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad, “estaremos también construyendo una sociedad más inclusiva para todos”.

 

Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres en Ecuador, ha recordado que los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad no solo tienen que garantizarse para cumplir los ODS, sino que existen distintos tratados internacionales que obligan a ello. Pese a estos instrumentos transnacionales, Aído ha alertado de que las mujeres y niñas con discapacidad todavía sufren más barreras en el acceso a derechos fundamentales como el empleo o la educación. “Es hora de que no dejemos a nadie atrás”, ha remarcado.

 

Por otro lado, Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, ha realizado un análisis de la situación actual de las mujeres que afrontan mayores situaciones de vulnerabilidad por diferentes factores, entre las que se encuentran las que tienen discapacidad. En su opinión, para el cumplimiento de la Agenda 2030 deben abordarse retos como “dar una respuesta muy rápida a la emergencia de la pandemia” que “no deje atrás” a las mujeres con discapacidad; reforzar el vínculo de los ODS con los tratados internacionales que son de obligado cumplimiento, y fortalecer las políticas de lucha contra la violencia, entre otros.

 

Esta experta ha expresado también su preocupación por las consecuencias que acarrearía el agravamiento de la brecha digital en sectores vulnerables de la población.

 

“En el mundo, todo está cambiando y eso obliga a transformarse. Solo sobrevivirán aquellas empresas que logren digitalizarse y eso puede ampliar la brecha digital, dejando fuera a mujeres con discapacidad o a las más pobres”, ha advertido.

 

Por último, Facundo Chávez, asesor de Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha declarado en su intervención que las políticas públicas tienen que tener en cuenta de forma transversal la doble perspectiva de género y discapacidad. Sobre la situación de España, ha comentado que “es mejor que en otros países del mundo, pero también peor que en otros Estados”.

 

Además, ha alabado la importancia de la labor de las organizaciones de mujeres con discapacidad para situar las cuestiones de mujeres y niñas con discapacidad en la agenda internacional.